En el marco de la Agenda 2030 y su Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (igualdad de género), la propuesta reconoce que la falta de pago de pensiones alimenticias constituye una forma de violencia que afecta principalmente a mujeres y menores. En México, sólo el 24.3% de las mujeres separadas con hijos reciben pensión, y el 40% de las sentencias no se cumplen. La consecuencia es grave: según UNICEF, el 45% de los niños sin pensión abandonan actividades escolares o extracurriculares por falta de recursos.

A pesar de la aprobación en 2023 de la Ley General de Pensiones Alimenticias, que permite retener hasta el 30% del salario del deudor, su aplicación requiere procesos judiciales costosos, afectando especialmente a mujeres en comunidades indígenas, donde sólo el 12% recibe pensión. Para combatir esta situación, el decreto federal de mayo de 2023 creó el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, definiendo competencias, trámites y procedimientos, así como la obligatoriedad de que los estados armonicen sus leyes.

La iniciativa plantea que quienes figuren en dicho Registro no puedan ocupar cargos como titulares de direcciones generales, subsecretarías o aspirar a puestos de elección popular, asegurando que cumplan primero con sus obligaciones familiares antes de asumir responsabilidades públicas. Este planteamiento responde al principio de que si una persona no cumple con el sustento de sus hijos, difícilmente podrá garantizar el buen manejo de una dependencia gubernamental.

Es importante reconocer también el trabajo de la Observatoria Ciudadana Todas Mx-Sonora en la promoción de la igualdad de género y se exhorta a las fuerzas políticas a debatir y aprobar la iniciativa para proteger a la niñez y garantizar que en Sonora prevalezca el principio de “primero las niñas y los niños”.