El planteamiento de que jueces, magistrados y ministros se eligieran por voto popular, a primera vista podría parecer una medida para combatir la corrupción y acercar el poder judicial a la gente, pero en realidad generará más problemas de los que resuelve. 

La justicia no puede estar sujeta a intereses políticos ni a la voluntad de las mayorías, porque su deber es proteger los derechos, incluso cuando resultan incómodos para el poder.

El argumento principal en contra que planteamos es que la independencia judicial quedaría en riesgo. Si quienes imparten justicia deben su puesto a un poder político o al voto de las mayorías, sus decisiones dejarían de ser imparciales. 

En lugar de defender los derechos, podrían buscar agradar a quienes los llevaron al cargo. Además, los procesos de consulta para aprobar esta reforma fueron una simulación: no se escuchó a expertos, jueces ni a la ciudadanía interesada.

Otro punto preocupante que se planteó en este posicionamiento es el impacto real en el sistema de justicia. Los poderes judiciales locales ya trabajan con enormes carencias de recursos, poco personal y una carga de casos que crece cada año. 

En México hay apenas 3 jueces por cada 100 mil habitantes, muy por debajo de la media internacional de 18. Con este panorama, la reforma no resolvería el acceso limitado a la justicia, sino que complicaría aún más el trabajo de los tribunales.

Señalamos que no existe un estudio serio sobre el costo que tendría organizar elecciones para todos los cargos judiciales. Las estimaciones más cercanas hablan de hasta 7 mil millones de pesos, pero no hay cifras oficiales ni planes claros sobre cómo financiarlo. 

La experiencia de otros países muestra que este tipo de elecciones no garantizan mejores perfiles, y en algunos casos la ciudadanía ha terminado votando en blanco o anulando su voto por desconocer a los candidatos.

Finalmente, fuimos enfáticas al señalar que muchas veces ha sido el Poder Judicial el que ha garantizado derechos que los congresos se han negado a reconocer, como el matrimonio igualitario, la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo o la consulta previa para comunidades indígenas. Esto demuestra que su fuerza radica en ser contrapeso del poder y no en agradar a las mayorías. 

Por estas razones, concluimos que la justicia no debe ser popular, sino imparcial, técnica y autónoma. México necesita una reforma verdadera que resuelva problemas de fondo en el acceso a la justicia, pero la propuesta votada no lo hace y representa un grave retroceso: la justicia no puede ni debe ser popular. 

México merece una reforma verdadera, no una regresión democrática. Por ello, en defensa de la patria y de la democracia, MI VOTO FUE EN CONTRA.