Este posicionamiento tiene el objetivo de hacer un llamado al Gobierno del Estado de Sonora para que cumpla con el principio constitucional de paridad de género en la conformación de su gabinete y administración pública, así como con la cuota obligatoria del 3% de personas con discapacidad en el servicio público estatal.
En términos sencillos, busca que el gobierno estatal respete las leyes que ya existen y que obligan a tener el mismo número de mujeres y hombres en los puestos directivos, garantizando también oportunidades laborales para personas con discapacidad.
Es importante porque actualmente el Gobierno de Sonora está violando la ley al no cumplir con la paridad de género, ya que de las 9 secretarías del estado solo 3 están ocupadas por mujeres, y en el gabinete ampliado hay apenas 18 mujeres frente a 41 hombres, representando menos del 50% que marca la ley, lo que perpetúa las barreras históricas que han impedido a las mujeres acceder a puestos de toma de decisiones.
La problemática se fundamenta en marcos legales claros que el gobierno estatal no está respetando: la Constitución del Estado de Sonora establece en su artículo 17, fracción V la obligación de cumplir con el principio de paridad, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora ordena expresamente en su artículo 3° que “se observará el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las Secretarías”, y además existe la reforma constitucional “Paridad en Todo” de 2018 que obliga a todos los órganos de gobierno a designar sus nombramientos con estricto apego a la paridad.
A nivel internacional, México ha firmado la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, que reconoce las barreras estructurales que impiden el acceso de las mujeres a cargos de decisión política, y según el Foro Económico Mundial, harían falta 134 años para alcanzar la paridad de género si no se toman acciones concretas ahora. Una investigación revelada por El Sol de Hermosillo confirma estos datos sobre la composición desigual del gabinete ampliado.
Los beneficios concretos para las mujeres sonorenses serían transformadores: mayor representación femenina en la toma de decisiones públicas que afectan directamente sus vidas y las de sus familias, mejores oportunidades de acceso al servicio público para mujeres preparadas y capacitadas, políticas públicas más equitativas que consideren las necesidades específicas de las mujeres, y el envío de un mensaje claro a las niñas y jóvenes sonorenses de que pueden aspirar a cualquier puesto de liderazgo.
Para las personas con discapacidad, significaría el cumplimiento de la cuota del 3% en plazas públicas que les garantice oportunidades laborales dignas y elimine la discriminación.
A largo plazo, este cumplimiento de la ley contribuirá a cerrar las brechas de género en el trabajo y la política, lo que según el Banco Mundial podría representar un aumento del 20% en el crecimiento económico, mejorar la calidad de las decisiones gubernamentales al incluir diversas perspectivas, fortalecer la democracia y el estado de derecho al demostrar que las leyes se cumplen, y posicionar a Sonora como un estado verdaderamente inclusivo donde las oportunidades no dependan del género o las capacidades físicas.
El posicionamiento reconoce que la paridad no es solo una cuestión de justicia, sino una inversión inteligente en el desarrollo y prosperidad de Sonora, donde el talento y la capacidad de todas las personas puedan contribuir al progreso del estado.
Presentada el 10 de octubre de 2024.
