Actualmente, la mayoría de las personas en prisión no tienen sentencia (87% en 2023), lo que afecta gravemente a familias y comunidades. Los más afectados son mujeres, indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores y quienes tienen baja escolaridad, que carecen de recursos para una defensa adecuada. Casos extremos muestran personas encarceladas por más de 17 años sin sentencia.

Pese al encarcelamiento masivo, la criminalidad no disminuye: el 90% de los delitos no se denuncia, una tercera parte de los denunciados no se investiga y menos del 16% llega a resolverse. En contraste, delitos graves como feminicidio o trata de personas mantienen muy bajas tasas de condena.

La medida, además de violar principios constitucionales y de derechos humanos, elimina alternativas de justicia y refuerza un modelo de castigo en vez de fortalecer capacidades de investigación.

Lo que necesitamos no son más cárceles ni castigos sin pruebas, sino un verdadero sistema de justicia: fiscalías que investiguen, policías profesionales, jueces imparciales, medidas preventivas de la violencia, y una cultura de paz. Apostar por encarcelar sin investigar es rendirse ante la delincuencia; en cambio, construir un Estado de derecho fuerte es el camino hacia una seguridad justa, humana y duradera.

En Movimiento Ciudadano levantamos la voz: la justicia no puede ser sinónimo de encarcelar a los pobres, sino de garantizar derechos, dignidad y libertad. Porque la seguridad no se logra castigando la pobreza, sino defendiendo la vida, la paz y la justicia para todas y todos.