El objetivo es explicar a los ciudadanos por qué estos organismos son vitales para proteger sus derechos, su información personal, su dinero y para garantizar que el gobierno rinda cuentas de cómo gasta los impuestos de todos. 

Es importante porque estos organismos autónomos son las herramientas que permiten a los periodistas y ciudadanos saber cómo se usan los recursos públicos, qué decisiones se toman en su nombre, y proteger la información personal de los mexicanos, además de evaluar si los programas sociales realmente funcionan y combatir el abuso de precios en productos básicos como gasolina, gas, tortillas y medicinas.

El problema principal es que al eliminar estos organismos, México retrocede en democracia y transparencia, pues el INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información) es el que nos permitió conocer casos cruciales como las 7 fosas clandestinas en San Fernando con al menos 196 cadáveres, la información sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, la Estafa Maestra, los nombres de empresas que no pagaron impuestos, la Casa Blanca de Peña Nieto, y el mayor caso de corrupción en la historia de México: Segalmex, con irregularidades por más de 15,300 millones de pesos. Sin el INAI, los ciudadanos no tendrán forma de conocer estos actos de corrupción porque será el mismo gobierno quien decida qué información dar y cuál ocultar. 

Además, se elimina CONEVAL que mide la pobreza y evalúa si los programas sociales realmente ayudan a la gente, COFECE que ha generado ahorros de 36 mil millones de pesos para los consumidores al combatir el abuso de precios, y MEJOREDU que trabaja para mejorar la educación de niños y jóvenes.

Los perjuicios concretos para las familias mexicanas serían inmediatos y graves: sin el INAI no podrán saber cómo se gasta su dinero de impuestos ni acceder a información pública que les corresponde por derecho, sin COFECE pagarán más por gasolina, gas, tortillas, medicinas y productos básicos porque no habrá quien castigue a las empresas que abusen con los precios, sin CONEVAL no sabrán si los programas sociales realmente funcionan o solo se usan para ganar votos, y sin estos contrapesos el gobierno podrá ocultar información por años como ya lo hizo con el Plan de Santa Lucía (5 años), la investigación de Cienfuegos (hasta 2028), el caso Ovidio Guzmán (5 años), y los contratos de vacunas COVID (5 años). 

A largo plazo, esta eliminación representa un retroceso democrático que deja a México sin las instituciones que durante décadas protegieron a los ciudadanos del abuso de poder, crea un entorno perfecto para la corrupción porque el gobierno será juez y parte de sus propias acciones, elimina la transparencia que incomoda pero que es esencial en una democracia, y convierte al país en uno donde el poder no tiene contrapesos, algo que históricamente ha llevado al autoritarismo y la corrupción masiva. 

El posicionamiento reconoce que ningún poder debe ser juez y parte, que eliminar los contrapesos constitucionales es una regresión para los derechos humanos, y que estos organismos no se eliminan por dinero sino para quitar la “incómoda transparencia” que obliga al gobierno a rendir cuentas a los ciudadanos que pagan sus salarios con sus impuestos.