Cuando una persona desaparece, sus familiares se enfrentan a la imposibilidad de acceder a cuentas bancarias, cobrar pensiones o seguros de vida, realizar trámites de propiedades, proteger legalmente a los hijos menores que quedan desamparados, continuar con pagos de créditos hipotecarios o automotrices, y manejar cualquier aspecto patrimonial o financiero del desaparecido, creando una situación de vulnerabilidad económica que se suma al trauma emocional.

Esta iniciativa tiene el objetivo de crear la figura jurídica de “Declaración Especial de Ausencia por Desaparición” que permita a las familias acceder de manera expedita y gratuita a un procedimiento judicial que reconozca legalmente la situación de desaparición sin presumir la muerte de la persona, manteniendo viva la esperanza de encontrarla mientras se facilita el manejo ordenado de su patrimonio. El procedimiento no podrá exceder de seis meses y estará basado en principios de buena fe, celeridad, gratuidad y máxima protección para las víctimas.

Es una iniciativa de vital importancia porque Sonora enfrenta una crisis alarmante en materia de desapariciones: durante 2024 se registró un aumento del 200.4% con 721 casos reportados, comparado con los 240 casos de 2023, convirtiendo al estado en el que tiene mayor número de fosas clandestinas en el país (342 en 2024 versus 90 en 2020).

Los datos son especialmente preocupantes cuando se analiza que el 12% de los desaparecidos son menores de edad, el 21% de las mujeres desaparecidas tienen entre 15 y 19 años, y Hermosillo concentra más de 225 casos. Además, esta ley cumple con un mandato constitucional federal establecido en la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas de 2018, que otorgaba seis meses a las entidades federativas para armonizar su legislación local, plazo que lleva vencido más de 6 años, colocando al Congreso del Estado en omisión legislativa.

La propuesta beneficiará directamente a Sonora al establecer un marco jurídico integral que incluye la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, con un Consejo Ciudadano que garantice la participación de familiares de desaparecidos y organizaciones civiles en las decisiones de búsqueda.

Proporcionará certeza jurídica inmediata a miles de familias que actualmente no pueden realizar trámites básicos por la situación legal indefinida de su familiar desaparecido, garantizará la protección de menores de edad mediante el mantenimiento de la patria potestad del desaparecido y la designación de tutores cuando sea necesario, asegurará la continuidad de derechos laborales y de seguridad social para beneficiarios, y establecerá medidas de protección patrimonial que eviten el embargo o pérdida de bienes familiares.

Todo esto sin detener la búsqueda activa de la persona, manteniendo la presunción de vida y fortaleciendo las investigaciones penales correspondientes, generando así condiciones reales de justicia y dignidad humana para quienes enfrentan esta dolorosa situación.