Las batallas que dimos:

• Denunciamos que el Poder Judicial ha perdido más de 1,500 millones de pesos en los últimos años. Propusimos evitar un nuevo recorte de 142 millones para poder implementar el nuevo modelo de justicia (juicios orales), que es el que resuelve los problemas de pensiones y custodias de las familias.

• Señalamos el recorte de 819 millones de pesos en áreas críticas como salud mental, trasplantes y prevención de adicciones. Sostuvimos que el estado no puede desentenderse de su obligación de dar atención digna a las y los sonorenses.

• Cuestionamos que el aumento de presupuesto se fuera a contratos y “ayudas” en lugar de fortalecer las inspecciones y la capacitación que realmente previenen tragedias.

• Pedimos claridad en proyectos que solicitaban deuda sin tener planes ejecutivos terminados, como el relleno sanitario de Puerto Peñasco.

A pesar de los argumentos técnicos que presentamos, esta postura de ajuste y mayor transparencia no fue aprobada por la mayoría en el Congreso. Se decidió avanzar con un presupuesto que, desde nuestra perspectiva, deja desprotegidas áreas fundamentales para el bienestar social.

Aunque no se logró integrar estas mejoras, mi labor como contrapeso responsable no se detiene. Seguiré vigilando el uso de los recursos y señalando que el dinero de la gente debe invertirse con mesura, cautela y, sobre todo, pensando en las familias sonorenses.